Yojanan Ben Abraham
La escuela y el instituto deben ser espacios para aprender a pensar, no para aprender consignas. Por eso resulta especialmente inquietante la reciente llamada del Tribunal Popular contra la complicidad con el Genocidio Palestino a impartir charlas en colegios, institutos y universidades. No es preocupante que se reflexione sobre derechos humanos, sino que se haga desde un pseudo tribunal autoproclamado con el espíritu de los tribunales de excepción, prohibidos expresamente en la Constitución Española (art.117.6), que emplea además un lenguaje de culpabilidad colectiva y de acusación absoluta incompatible con el espíritu crítico que debe reinar en la educación.
Hablar de “complicidad” y de “genocidio” como verdades firmes, pese a que no existe ninguna sentencia que avale tal afirmación, introduce en las aulas un marco emocional y moralista que invita más a la adhesión ideológica que al análisis. Ese marco, además, tiene un efecto colateral gravísimo: reactiva un patrón histórico de estigmatización de la comunidad judía, cuyos miembros, estudiantes y docentes por igual, vuelven a sentirse observados, cuestionados e inseguros.
Una vieja herida que España no puede permitirse reabrir
España conoce demasiado bien las consecuencias del señalamiento hacia los judíos. Desde los pogromos medievales, pasando por la violencia de 1391, hasta la creación del estatuto de “cristianos viejos” y, finalmente, la expulsión de 1492, la historia española muestra cómo narrativas de culpabilidad difusa, sospecha colectiva y presión social alimentaron decisiones políticas que devastaron a una comunidad milenaria.
El mecanismo fue siempre similar: la difamación disfrazada de preocupación moral; la acusación velada presentada como defensa del bien común; la exigencia de “posicionarse” como prueba de lealtad. La Inquisición, más que un tribunal teológico, funcionó como un dispositivo cultural: construía culpables antes de juzgar, forzaba confesiones morales y convertía a minorías enteras en objetos de desconfianza estructural.
Resulta imposible no ver un eco inquietante cuando, en pleno siglo XXI, emerge un “tribunal popular” que se arroga la autoridad de decidir quién es “cómplice”, quién es “silencioso” y quién es “responsable”. Aunque sus intenciones declaradas sean distintas, el mecanismo retórico —culpabilidad moral aplicada por asociación identitaria— recuerda demasiado a aquel legado que España debería analizar con humildad y distancia crítica, nunca reproducir.
Un doble rasero que alimenta un clima hostil
Más aún cuando observamos que ningún otro conflicto reciente ha generado un fenómeno de señalamiento comparable en las aulas. El genocidio armenio, reconocido por numerosos estados y ampliamente documentado, no provocó campañas para que personas de origen turco fuesen interpelados públicamente. La invasión rusa de Ucrania-con atrocidades denunciadas ante tribunales internacionales-no ha desembocado en acusaciones colectivas a personas rusas. La masacre de Srebrenica, definida jurídicamente como genocidio, no justificó un escrutinio moral permanente sobre personas serbias o bosnias. Tampoco sobre empresas o instituciones de cada uno de estos países.
Sin embargo, en el caso de Israel, a falta no ya de una sentencia, sino de unos mínimos hechos objetivos que permitan acercarse si quiera a la idea de genocidio, asistimos a un fenómeno preocupante: la crítica a un gobierno puede ser legítima pero esta se transforma para algunos en una narrativa que vincula a judíos, empresas e instituciones judías de Israel y de cualquier país con crímenes que no han cometido. Y este desplazamiento, aunque se presente bajo un discurso de justicia social, reproduce uno de los tropos más persistentes del antisemitismo histórico: la idea de que el judío es responsable ante la sociedad global de los actos, reales o imaginados, de un Estado con el que ni siquiera tiene necesariamente relación personal, y que además no ha sido condenado por tribunal alguno, ni por genocidio ni por alguna otra cosa.
La responsabilidad educativa: pensamiento crítico, no señalamiento
La educación debe enseñar el valor de los derechos humanos, y la empatía hacia todas las víctimas sin excepción. También con los miles de judíos asesinados el 7 de octubre y la violación de mujeres. Pero para ello necesita herramientas intelectuales, no tribunales simbólicos; necesita conceptos bien definidos, no acusaciones absolutas; necesita datos verificables, no presión moralizante.
Permitir que en las aulas se introduzcan discursos que generan intimidación hacia una minoría, aunque sea de forma indirecta, es incompatible con los valores democráticos que las instituciones educativas están obligadas a custodiar. La protección de las personas judías no es un privilegio: es un mínimo irrenunciable en una sociedad que ha aprendido, a un coste altísimo, lo que ocurre cuando la sospecha colectiva se normaliza.
Para no repetir la historia, hay que saber reconocerla
No se trata de silenciar críticas ni de blindar a ningún Estado. Se trata de evitar que viejos patrones de discriminación encuentren nuevas formas de manifestarse bajo discursos supuestamente emancipatorios. Se trata de impedir que nuestras aulas, que deben ser espacios de pensamiento libre, se conviertan en escenarios donde reaparecen mecanismos de señalamiento más propios de la Inquisición que de la educación contemporánea.
España tiene la oportunidad de aprender de su propia historia y de garantizar que jamás se reabra un clima de hostilidad hacia la comunidad judía. Proteger ese principio no es tomar partido por un país: es tomar partido por la dignidad humana de nuestros propios ciudadanos.