El régimen instaurado en Irán tras la revolución de 1979 constituye uno de los sistemas políticos más represivos y doctrinariamente cerrados del mundo contemporáneo. Su estructura de poder, la naturaleza de sus leyes y el modo en que ejerce la violencia institucional permiten describirlo con precisión como una forma de islamofascismo: una combinación de autoritarismo total, teocracia militante y represión sistemática de cualquier forma de disidencia social o cultural.
Desde su nacimiento, la República Islámica ha respondido a las protestas internas mediante una política constante de represión sangrienta. Las movilizaciones estudiantiles de 1999, el movimiento verde de 2009 y, más recientemente, las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022 terminaron con centenares de muertos y miles de detenidos. Recientemente, durante las movilizaciones de enero del 2026, la represión según diversas estimaciones y recuentos de víctimas elaborados por fuentes consideradas creíbles elevan el número total de muertos en la última oleada represiva a más de 50.000 personas. Organizaciones internacionales de derechos humanos y de solidaridad han documentado ejecuciones, desapariciones forzadas y juicios sumarios utilizados como herramientas de control político. El mensaje sanguinario que transmite el régimen resulta inequívoco: cualquier desafío al orden religioso-político se paga con violencia extrema estatal apoyada por grupos mercenarios.
La arquitectura política del régimen refuerza este modelo dictatorial al servicio de su proyecto de dominación y expansión islamista. El poder último reside en el Líder Supremo, figura religiosa con autoridad sobre el ejército, el poder judicial, los medios públicos y el aparato de seguridad. Las elecciones quedan sometidas a un sistema de filtrado ideológico que impide la participación de cualquier candidato considerado incompatible con la doctrina del régimen. No hay soberanía popular, se impone la autoridad clerical de los ayatolas, lo que convierte al Estado iraní en una teocracia militante donde religión y poder político se funden en un mismo aparato de control.
La situación de las mujeres refleja igualmente la dimensión estructural de esta opresión. La obligación del velo, la policía de la moral, la discriminación legal en materia de herencia o testimonio judicial y las restricciones al acceso a determinados ámbitos de la vida pública forman parte de un sistema diseñado para mantener a la mujer bajo tutela permanente. La violencia institucional se ha normalizado hasta convertirse en un instrumento cotidiano de disciplina social. El asesinato de Mahsa Amini tras su detención por la policía moral desencadenó una ola de protestas que evidenció hasta qué punto la ciudadanía percibe estas normas como mecanismos de dominación.
La persecución contra las personas LGTBI constituye otro rasgo definitorio. El código penal iraní contempla la pena de muerte para las relaciones homosexuales entre hombres, además de castigos corporales para otras expresiones de diversidad sexual. Diversos informes de organismos internacionales han documentado ejecuciones, detenciones arbitrarias y campañas sistemáticas de persecución. La homosexualidad se trata como un delito que merece la eliminación física, dentro de una lógica ideológica que busca imponer una moral religiosa única mediante el terror jurídico.
La política exterior del régimen añade otra dimensión a este panorama. El apoyo financiero, logístico y militar a organizaciones como Hezbolá, Hamás y otros grupos terroristas islamistas, ha sido ampliamente documentado por numerosos servicios de inteligencia y organismos internacionales. Este patrocinio forma parte de una estrategia de proyección ideológica y geopolítica basada en la confrontación permanente con Occidente y con los países de su entorno que no comparten su visión del islam político. Son innumerables los informes que denuncian al régimen iraní desde su fundación: Amnesty International, Human Rights Watch, ONU – Fact-Finding Mission on Iran, Iran Human Rights Documentation Center, y otros.
El discurso oficial del régimen iraní incorpora además un antisemitismo explícito y reiterado que forma parte de su narrativa ideológica y geopolítica. Desde 1979, altos dirigentes de la República Islámica han promovido una retórica constante contra Israel acompañada de consignas públicas como “muerte a Israel”, coreadas regularmente en actos oficiales y manifestaciones organizadas por el propio Estado, junto a amenazas públicas de realizar un “holocausto nuclear·. Líderes del régimen han defendido en numerosas ocasiones la desaparición del Estado israelí del mapa político de Oriente Próximo, situando ese objetivo dentro de su proyecto estratégico regional.
Ante esta realidad, la reacción de buena parte de la izquierda española resulta llamativo. Sectores que se presentan como defensores de los derechos humanos y de las libertades civiles muestran un silencio ante sus acciones criminales y una indulgencia sorprendente hacia un régimen que reprime protestas, ejecuta a disidentes, criminaliza la diversidad sexual y somete a las mujeres a una represiva tutela legal permanente o en su caso la muerte.
El islamofascismo no merece indulgencias ideológicas ni justificaciones geopolíticas, por mucho que financien medios de comunicación o desplieguen formas económicas de domesticación de la izquierda. Manchan una larga historia de lucha contra el fascismo. En todas sus formas.
Las movilizaciones recurrentes dentro de Irán demuestran que una parte significativa de la sociedad iraní aspira a una forma de convivencia política: democrática una en la que la libertad individual, la igualdad ante la ley, los derechos humanos y la pluralidad cultural sustituyan al control teocrático islamista y al miedo y la represión institucionalizado
Hay muchas personas árabes escandalizadas ante el Islamofascismo en Irán.
Urge la solidaridad con el pueblo iraní y el punto final del régimen siniestro islamista de Iran
Yojanan Ben Abrahan
Comisión Acción jurídica Coordinadora Estatal de Lucha contra