Autor: Grant Arthur Gochin*, THE TIMES OF ISRAEL- Blogs
La política exterior española hacia Israel no es simplemente inconsistente; es una fijación patológica, disfrazada de justicia, pero arraigada en una animosidad selectiva que roza lo irracional. Las acciones de Madrid —que abarcan desde el reconocimiento unilateral de un Estado palestino hasta sanciones comerciales y retórica incendiaria— revelan un gobierno ansioso por condenar a Israel por ejercer su soberanía mientras reprime aspiraciones similares en su país. Este doble rasero no se deriva de una aplicación ética del derecho internacional, sino de una inconsistencia más profunda que expone la fragilidad de España. Al someter a Israel a estándares imposibles de compromiso territorial y autocontrol, España, sin quererlo, invita al escrutinio de su propia integridad nacional, donde regiones como Cataluña y el País Vasco cumplen todos los criterios que Madrid promueve para los palestinos. La ironía es deliciosa: en su afán por fragmentar a otros, España siembra las semillas de su propia desintegración. Lo que sigue es un análisis de este patrón, que conecta la represión interna, el oportunismo económico y el fervor antiisraelí en Madrid con una crítica a un Estado que predica la universalidad pero practica la hipocresía.
Los fundamentos racistas: Antisemitismo disfrazado de antisionismo
La hostilidad de España hacia Israel es inseparable de la creciente ola de antisemitismo dentro de sus fronteras, a menudo alimentada por la retórica gubernamental y las iniciativas de la sociedad civil que difuminan la línea entre la crítica legítima y la discriminación étnica. En Cataluña, una región ya en plena ebullición por las tensiones separatistas, un proyecto en línea llamado «Barcelonaz» ejemplifica esta patología. Impulsado por un colectivo anónimo de periodistas, profesores y estudiantes, el mapa interactivo identifica públicamente 152 empresas de propiedad judía, compañías israelíes y multinacionales con vínculos con Israel, etiquetándolas como parte de una «economía sionista». Los sectores abarcan desde la fabricación de armas (p. ej., Airbus, Indra) hasta la educación (p. ej., la escuela judía Hatikva) e incluso establecimientos kosher, y se anima a los usuarios a enviar objetivos «sionistas» adicionales para su inclusión. El proyecto no distingue entre entidades judías, israelíes o globales, presentándolas como cómplices de una amenaza amorfa.
Esto no es activismo abstracto; es una letra escarlata digital que evoca boicots históricos a negocios judíos que precedieron a épocas más oscuras. Líderes de la comunidad judía han presentado quejas formales, argumentando que el mapa estigmatiza por afiliación religiosa y corre el riesgo de incitar a la discriminación, el acoso o la violencia. Como señaló una fuente que lucha contra el antisemitismo: «Barcelonaz no es un mapa inofensivo: es un instrumento de estigmatización que contribuye a este clima de hostilidad y, directa o indirectamente, invita a la discriminación contra judíos y ciudadanos israelíes, al boicot de sus negocios e incluso a la violencia». Los vínculos de la iniciativa con un sentimiento antiisraelí más amplio son innegables, amplificados por grupos de izquierda e incluso miembros de la coalición de gobierno del presidente Pedro Sánchez, en particular del partido Sumar, que han calificado a Israel de «Estado genocida» en medio del conflicto entre Israel y Hamás.
Estas acciones no son aisladas; reflejan un patrón en el que las posturas oficiales de España normalizan los prejuicios. Al señalar a Israel —un Estado democrático que se defiende de amenazas existenciales— mientras ignora conflictos comparables en otros lugares, la retórica de Madrid fomenta un entorno donde el «antisionismo» sirve como un tenue velo para el antisemitismo. Esto no es una conjetura; se evidencia en el aumento de las manifestaciones, los grafitis y las campañas de boicot en España desde 2024, a menudo sin control por parte de las autoridades. Los observadores racionales deben conectar estos puntos: cuando un gobierno instrumentaliza el derecho internacional contra un Estado judío mientras las iniciativas nacionales se dirigen contra entidades judías, el resultado no es justicia, sino un resurgimiento de prejuicios ancestrales, reinterpretados para el aplauso moderno.
Autodeterminación selectiva: principios en el exterior, represión en el Interior
El reconocimiento de un Estado palestino por parte de España el 28 de mayo de 2024 se anunció como un compromiso con la autodeterminación y el derecho internacional. Sin embargo, esta «seriedad moral» se desmorona al examinar la trayectoria interna de Madrid. En 2017, el referéndum sobre la independencia de Cataluña no se respondió con diálogo, sino con fuerza bruta: porras policiales, papeletas confiscadas y procesos penales que enviaron a cargos electos a prisión o al exilio. El Tribunal Supremo español dictaminó que la votación en sí misma era ilegítima, no solo defectuosa. Amnistía Internacional documentó un exceso de vigilancia policial y procesos judiciales, poniendo de manifiesto que un Estado prioriza el control sobre la expresión.
El País Vasco no corre mejor suerte. Tras ETA, la autonomía se limita a las fronteras unilaterales de Madrid, y las aspiraciones políticas se consideran amenazas en lugar de un discurso legítimo. España rechaza las comparaciones, alegando que las cuestiones de Cataluña y el País Vasco son asuntos constitucionales internos, mientras que Palestina implica ocupación y negación de la soberanía. Esta distinción es ilusoria. Madrid respalda la creación de un Estado palestino sin un acuerdo, fronteras, gobierno unificado o consentimiento israelí: criterios que exige rígidamente en su país.
Catalanes y vascos poseen lenguas distintas, una continuidad histórica anterior a la España moderna, concentración territorial y un apoyo electoral sostenido a la independencia, lo que refleja las «aspiraciones legítimas» que España atribuye a los palestinos. La Constitución de Madrid, reformada rápidamente en 2011 para las exigencias fiscales de la UE, se muestra flexible cuando conviene. El obstáculo no es la legalidad, sino el poder.
Esta hipocresía se extiende globalmente. España se niega a reconocer a Kosovo (independiente desde 2008), Kurdistán (93% de los votos por la independencia en 2017) o Somalilandia, pero defiende un Estado palestino inexistente. ¿Por qué? Este patrón sugiere animosidad hacia Israel, no fidelidad a los principios. Como señala un observador, este reconocimiento selectivo socava la coherencia de España.
Oportunismo económico: Sanciones como teatro
La postura antiisraelí de España alcanza su punto álgido en sus medidas económicas. En septiembre de 2025, Madrid promulgó la prohibición del comercio militar y de doble uso con Israel mediante el Real Decreto-Ley 10/2025, que afectaba a los productos procedentes de los asentamientos de Cisjordania, los Altos del Golán y Jerusalén Este, e imponía un embargo de armas bilateral. Sánchez lo presentó como una respuesta al «genocidio en Gaza», con el objetivo de aislar a Israel y desencadenar una cascada de acciones similares por parte de la UE. La ley exige declaraciones de origen para las importaciones y prohíbe la publicidad de propiedades en asentamientos, lo que llevó a la retirada de 138 anuncios de alquileres vacacionales.
Sin embargo, la resolución se desvaneció en diciembre de 2025. El gabinete eximió a Airbus, alegando tecnología israelí «esencial» para las líneas de producción, las exportaciones y los empleos en Sevilla y Madrid. Esta excepción —que preserva el 60% de las exportaciones aéreas y de defensa de España— expone la prohibición como performativa. La moral cedió ante la economía, confesando que la indignación es negociable cuando amenaza los intereses españoles.
Las declaraciones de Sánchez en septiembre de 2025 sobre la falta de armas nucleares o portaaviones por parte de España como «limitaciones» para detener a Israel generaron acusaciones de amenazas militarizadas. Este lenguaje, proveniente de un aliado de la OTAN, huele a imprudencia, calibrado para el aplauso interno, pero que revela una patología más profunda.
Exigir a España su propio estándar: La inevitable fragmentación
Los criterios españoles para el reconocimiento palestino —justicia histórica, aspiraciones legítimas y paz sin condiciones previas— no pueden aislarse en el extranjero. Aplicados a nivel nacional, exigen la reevaluación de las regiones españolas, condenando a Madrid con su propia lógica.
– Cataluña: La lengua catalana distintiva, la historia medieval de un principado, las mayorías independentistas y la viabilidad económica se alinean con las «aspiraciones» palestinas. La represión contradice la «urgente necesidad» de resolución de España.
– País Vasco (incluida Navarra): El euskara único, el gobierno prerromano, la defensa de la soberanía de EH Bildu y la coherencia post-ETA reflejan las reivindicaciones palestinas. Las limitaciones de Madrid reflejan los desequilibrios denunciados.
– Galicia: Las raíces celtas gallegas, el reino medieval, las conquistas del BNG y la cohesión territorial se consideran «justicia histórica».
– Islas Canarias: La herencia guanche, la separación geográfica y las recientes protestas suscitan aspiraciones; la condición de archipiélago se asemeja a una viabilidad fragmentada.
– Comunidad Valenciana e Islas Baleares: Los lazos catalanes, las raíces en la Corona de Aragón y los llamamientos a la unidad marginal exigen consideración.
– Zonas marginales (Aragón, Andalucía, Asturias, León, Cantabria): Las identidades regionales como el leonesismo cumplen criterios diluidos, aunque el apoyo varía.
– Ceuta y Melilla: Multiculturales pero leales; las reivindicaciones de Marruecos ponen de relieve una soberanía selectiva.
Esto no es un llamamiento a la ruptura, sino una consecuencia lógica: la doctrina española exige la autodeterminación universal o expone la conveniencia. De forma análoga a los argumentos a favor de la fragmentación africana —donde las fronteras coloniales reprimen a los pueblos mientras estados como Sudáfrica defienden a Palestina—, la postura española invita a su propia disolución. La alegría ajena reside aquí: al demonizar a Israel, España sienta un precedente que erosiona su unidad, demostrando que el odio selectivo es un bumerán.
España no proyecta fuerza; anuncia fragilidad. Al instrumentalizar principios en el extranjero mientras los criminaliza en casa, Madrid invita precisamente a la fragmentación que teme. El patrón —connotaciones antisemitas, vaivenes económicos y exceso retórico— forma un todo condenatorio. La racionalidad exige coherencia; España no ofrece ninguna.
* Grant Arthur Gochin es diplomático, periodista y asesor patrimonial.