El antisemitismo en España ya no puede explicarse únicamente como un fenómeno social disperso ni como una suma de incidentes aislados. Los hechos relatados en los comunicados recientes de la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo revelan una continuidad, una repetición de patrones y una respuesta institucional que va más allá de la pasividad. Cuando el Estado no solo permite, sino que amplifica, legitima o integra en sus propios canales narrativas que banalizan el Holocausto o desplazan sistemáticamente a las víctimas judías, se configura una forma de antisemitismo de Estado que incluye elementos de complicidad.
Los comunicados alertan sobre actos celebrados en Barcelona en los que, bajo consignas de solidaridad política, se han utilizado símbolos y mensajes vinculados a Hamás y se ha trivializado la Shoah. Estos hechos no se produjeron en espacios marginales ni clandestinos. Se desarrollaron en el espacio público, con convocatorias visibles, sin impedimentos administrativos conocidos y sin consecuencias jurídicas posteriores. Esta ausencia de reacción institucional ya es grave. Lo es aún más cuando estos actos reciben cobertura o difusión desde estructuras públicas.
La retransmisión por parte de RTVE de un concierto vinculado a este tipo de actos introduce un elemento cualitativamente distinto. Cuando un medio público, financiado con recursos del Estado y sometido a obligaciones legales de neutralidad, pluralismo y respeto a los derechos humanos, decide amplificar un evento en el que se normalizan discursos que banalizan el genocidio judío, deja de ser un mero observador. La frontera entre tolerancia y legitimación se vuelve difusa, y el mensaje transmitido a la sociedad es inequívoco: ese tipo de discursos encuentran acomodo en el relato institucional.
Este patrón se repite de forma especialmente significativa en la gestión informativa del aniversario del 7 de octubre. En una fecha que conmemora un atentado terrorista con víctimas civiles israelíes, la decisión editorial de centrar la cobertura en testimonios de gazatíes, desplazando a las víctimas directas del ataque, no puede analizarse como una simple elección narrativa. Supone una jerarquización de las víctimas que invisibiliza a las judías y desactiva el reconocimiento del crimen terrorista. Esta forma de cobertura no es neutral. Produce un efecto político y simbólico que contribuye a la deslegitimación del sufrimiento judío.
Desde una perspectiva jurídica, los hechos descritos entran en colisión con el marco normativo vigente. El artículo 510 del Código Penal tipifica la incitación al odio y la trivialización grave del genocidio cuando genere un clima de hostilidad. La Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a combatir activamente la banalización del Holocausto. España ha asumido además la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que identifica estas prácticas como formas contemporáneas de antisemitismo.
El problema no es la ausencia de herramientas legales ni de marcos de referencia. El problema es su aplicación selectiva y la construcción de un relato institucional que minimiza o desplaza sistemáticamente el antisemitismo. Cuando medios públicos reproducen o legitiman narrativas que trivializan la Shoah o invisibilizan a víctimas judías del terrorismo, el Estado deja de ser un actor pasivo. Se convierte en un agente que contribuye a normalizar un clima de hostilidad.
Este antisemitismo de Estado es aún más despreciable porque no se manifiesta mediante leyes explícitas ni declaraciones oficiales abiertamente discriminatorias. Se expresa a través de decisiones editoriales, silencios significativos, coberturas asimétricas y una permisividad activa hacia discursos que nunca serían aceptados si tuvieran como objetivo a otros colectivos. Es una forma de antisemitismo especialmente peligrosa porque se presenta como sensibilidad humanitaria, pluralismo informativo o compromiso con la paz.
Los hechos relatados en los comunicados muestran que el problema no es episódico. Revelan una estructura de permisividad y legitimación que afecta a instituciones públicas, espacios culturales y medios financiados por el Estado. Esto interpela directamente a los responsables políticos, a los órganos de dirección de los medios públicos y a los poderes del Estado.
No bastan declaraciones genéricas de condena ni apelaciones abstractas a la convivencia. Es responsabilidad institucional garantizar que el marco legal se aplique con rigor, que la memoria de la Shoah sea protegida activamente y que los recursos públicos no se utilicen para amplificar discursos que normalizan el antisemitismo.
Mientras estas prácticas continúen sin una rectificación clara y sostenida, no estaremos ante una simple permisividad del antisemitismo, estaremos ante una forma de antisemitismo de Estado que erosiona la democracia y abandona a la ciudadanía judía a una vulnerabilidad institucional inaceptable
Yojanan Ben Abraham
Comisión Acción Jurídica
Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo.